El traductor indiscreto

Cataluña a ojos de los francófonos

La democracia española, ¿un oxímoron?

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La legalidad española contra la democracia catalana

AGUSTÍ NICOLAU COLL* | Le Devoir | 18 de septiembre de 2014

El rechazo del Gobierno español y de la gran mayoría de fuerzas políticas españolas a reconocer el derecho del pueblo catalán a ser consultado acerca del futuro político de la nación hace que la expresión “democracia española” parezca cada vez más un oxímoron.

Ante la triple involución (política, lingüístico-cultural y económica) que Cataluña sufre desde hace diez años a manos del Estado español, el Parlamento de Cataluña decidió por mayoría convocar una consulta (que no se debe confundir con un referéndum) sobre el futuro político de Cataluña el 9 de noviembre. Acto seguido, el Gobierno de Madrid y la gran mayoría de las fuerzas políticas españolas manifestaron su rechazo y oposición a esta iniciativa, en nombre de la legalidad constitucional de 1978. A su entender, el pueblo catalán no tiene derecho a expresar su opinión sobre su futuro político ni sobre la forma institucional que desea atribuirse: bien sea el mantenimiento de la autonomía actual, la constitución de un Estado federado o la independencia. El miedo a que gane la tercera opción alimenta aún más la oposición de las fuerzas políticas, tanto de la derecha como la de la izquierda, que no entienden que están delante de un movimiento popular que ha empujado a los políticos.

Ley contra democracia

Su argumento es que la Constitución no reconoce ningún otro sujeto político de derecho colectivo que no sea el pueblo español. Dado que el pueblo catalán no es un sujeto político reconocido por el derecho constitucional, no puede ejercer derechos políticos diferenciados. En el mejor de los casos, debería ser el conjunto del pueblo español, como único depositario de la soberanía, el que decidiera el futuro político de Cataluña.

Para defender este punto de vista, invocan, como si de un libro sagrado se tratase, la Constitución de 1978. La consideran la auténtica expresión de la voluntad democrática del pueblo español, que incluye a los catalanes. Sin embargo, esta Constitución fue redactada y aprobada en unas condiciones políticas muy particulares y excepcionales.

La Transición democrática española, iniciada en 1977, se llevó a cabo sin ninguna ruptura evidente con la dictadura franquista: todas las personas que la apoyaron activamente y la encarnaron no solo no tuvieron que rendir cuentas, sino que se integraron libremente en la nueva situación política. Los exministros y diputados franquistas continuaron su carrera política y tuvieron gran influencia en la redacción de la Constitución con la ayuda y el apoyo de la inmensa mayoría de los mandos militares, que también eran claramente franquistas. Los militares consiguieron imponer el artículo 2, que establece la indisoluble unidad de España, y el artículo 8, que define la misión de las fuerzas armadas de garantizar y defender la integridad territorial. Si los diputados legisladores no aceptaban esto, se arriesgaban a que el proceso se viera bloqueado.

Además, la aprobación de la Constitución de 1978 fue la única opción que se ofreció a la población para cortar, aunque sea parcialmente, con la dictadura.

Y es esta Constitución la que se utiliza como un arma legal contra la voluntad democrática.

La nación catalana no nació en 1978

Sin embargo, la nación catalana como realidad histórico-cultural, lingüística y política existe desde mucho antes que la española. La Generalitat (nombre del gobierno de Cataluña) existe desde 1359 y ya en aquel entonces tenía una marcada orientación democrática, ejemplar para la época. No es la Constitución de 1978 la que dio origen a la realidad política, cultural y nacional catalana. Además, las instituciones políticas propias de Cataluña se abolieron por la fuerza en 1714.

Durante 35 años, Cataluña ha contribuido a la democratización y a la gobernabilidad de España, esperando que el Estado español reconociera su plurinacionalidad y se organizara en consecuencia. Sin embargo, todas las esperanzas se desvanecieron, sobre todo a raíz de que en 2010 el Tribunal Constitucional anulase definitivamente el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado en referéndum por el pueblo catalán en 2006. La gran mayoría de los catalanes ve al Estado español como un enemigo dispuesto a todo para reducir la realidad nacional de Cataluña a una simple expresión folclórica. Esto lo demuestran, entre otras cosas, la continua sangría económica, las leyes contra la inmersión lingüística escolar y la usurpación de competencias exclusivas.

Un diálogo imposible

Tras 35 años de pacto constitucional, estamos perdiendo progresivamente los medios para ejercer nuestra autonomía política, como acaba de decir el presidente Artur Mas en el Parlamento catalán. El Estado español ha rechazado todas las iniciativas catalanas: el Estatuto de Autonomía de 2006, el pacto fiscal y la consulta sobre su futuro político. Los catalanes están cansados de la actitud hostil del Estado español.

Mientras Cataluña habla de un posible divorcio amistoso, si el pueblo así lo decide, el poder español considera que no puede haber divorcio porque “no hay dos partes en conflicto”. Prefiere hablar de “amputación” de uno de los miembros de un único cuerpo. Se niega a dialogar, se niega a que los catalanes puedan votar, amenaza al pueblo catalán si tiene la osadía de convocar la consulta… Está claro que el presidente de España no es David Cameron. Mientras que los escoceses votan para decidir sobre su futuro político, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, amenaza con suspender la autonomía catalana y su Parlamento si este y el Gobierno deciden llevar a cabo la consulta del 9 de noviembre. Por su parte, Esperanza Aguirre, una de los líderes del Partido Popular, declara sin ningún reparo que poner las urnas el 9 de noviembre sería una acción antidemocrática… ¿“España democrática”, dice? Parece un oxímoron de una improbable poesía política… Un oxímoron que pusieron en evidencia los 1,8 millones de catalanes que salieron el pasado 11 de septiembre a las calles de Barcelona para reclamar su derecho a votar.

*Agustí Nicolau Coll: Geógrafo e historiador de origen catalán, vicepresidente del Círculo Cultural Catalán de Quebec.

Traducción: Joan Gratacós, Berta Lluís, Júlia López y Aina Martín

Edición: Rita Fortea, David Mallén, Sandra Simoncini y Anna Valor

Texto original en francés: http://www.ledevoir.com/international/europe/418698/la-democratie-espagnole-un-oxymoron

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